El Tribunal Supremo hace justicia

                                                                                      

Ángeles González-Sinde, casualmente formada en el mundo del cine

El Tribunal Supremo de España ha declarado inconstitucional la obligación de que las televisiones privadas destinen el 5% de sus ganancias a la financiación de películas españolas y europeas. Tras la paralización de las subvenciones procedentes de la UE, esta noticia supone un nuevo revés para la industria del cine en España. Y bien que nos alegramos. En la cuestión de inconstitucionalidad dictada por el Tribunal Supremo ha prevalecido, aparte del sentido común, el principio de la libertad de empresa sobre una iniciativa pública de conchabeo con el cine que, no lo olvidemos, propuso el PP durante su última legislatura parlamentaria.

En respuesta a la decisión del Tribunal Supremo, la Ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, apela a la función social del cine argumentando que las películas nacionales representan la identidad cultural del pueblo. Bien, la identidad es patrimonio exclusivo de los particulares y en absoluto de abstracciones sociopolíticas como son los Estados. Nada son más que entelequias las identidades nacionales de España, Francia o Cataluña. Yo soy español y siento que el cine que se hace en este país no me representa, y así pensarán muchos de los catalanes que en modo alguno se vieron identificados con el editorial recientemente publicado en los diarios de Cataluña. En verdad, eso que llaman identidad nacional no es más que la moneda de cambio y uso corriente que emplean no pocos políticos según les convenga y sople el viento.

Por lo demás, sólo nos queda denunciar el contubernio que se trae el PSOE con la industria del cine español, claro ejemplo del mecenazgo de Estado. En efecto, se trata de un proteccionismo infame y asqueante, se trata del chanchullo con que el gobierno socialista paga el vasallaje del lobby cinematográfico español. Realmente, estamos ante un acto de misericordia por parte del PSOE, porque si los cineastas, productores, actoras y actrizos españoles tuvieran que vivir de sus creaciones, las filas del paro en este país alcanzarían dimensiones mucho más astronómicas que las ya existentes.