¿Es Italia un Estado de Derecho?

                                                                                 

Silvio Berlusconi, delirios de grandeza

Nos hemos enterado de que el Popolo della Libertà , partido que preside Silvio Berlusconi, se trae entre manos una súper-ley destinada a cubrir de inmunidad al máximo dirigente italiano y los altos representantes del Estado. Así responde il Cavaliere a la reciente negativa del Tribunal Constitucional de concederle el Laudo Alfano, el privilegio de inviolabilidad jurídica.

Bien, lo que se está poniendo en entredicho es nada más y nada menos que el reconocimiento de la República italiana como un Estado de Derecho. Se sabe que uno de los criterios fundamentales de este tipo de Estado consiste en la legalidad de la Administración, exigencia que se desdobla en dos características: en primer lugar, según la justicia administrativa, todo sujeto debe conducirse de acuerdo con el imperio de la ley; y de segundas, debe imperar un control judicial suficiente que fiscalice la actuación del poder ejecutivo. De hecho, la legalidad de la Administración se dirige al equilibrio entre el poder ejecutivo y el judicial. Así las cosas, un Estado en el que el ejecutivo escape al control de los jueces se convertirá en una organización política sin justicia administrativa, en una organización política distinta a lo que conocemos como Estado de Derecho. Esto explica que la aprobación de la súper-ley impulsada por el Popolo della Libertà ponga en jaque la idea de Italia como un Estado de Derecho.

Más allá de eso, cuesta entender que un personaje de la catadura política y moral de Silvio Berlusconi gobierne un país civilizado como Italia. Aun siendo consciente de que la derecha italiana carece desde hace algunos años de una alternativa política de garantías, le he dado muchas vueltas a la cabeza y sólo puedo explicarme el absurdo diciéndome que si los más de los italianos votan a Berlusconi es porque ven reflejada en este calavera la imagen de su alter ego.

Iconos religiosos y espacio público

Una de las tres mezquitas con minarete emplazadas en Suiza

Ni el laicismo iconoclasta ni la invasión moral del espectro religioso. Ninguna de estas posturas cabe en las sociedades pluralistas. Hay un fundamentalismo cultual y expansionista que trata de imponerse en el espacio público y, a la vez, hay una intolerancia aconfesional que margina la libertad de creencias al marco doméstico. Las dos posturas están fuera de lugar.

Después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sentenciara a favor de limpiar las escuelas públicas de crucifijos, unas mil personas se han echado a la calle en Roma reclamando la legítima presencia de símbolos cristianos en el paisaje común cultural. Con motivo de esta manifestación, Benedicto XVI ha querido poner en valor la raigambre del crucifijo a lo largo de la historia de Europa. Bueno, en relación con esto, hay que decir que existe una diferencia entre la exhibición de un símbolo religioso por parte de una institución pública, algo que debe condenarse; y el hecho de que una persona muestre uno de esos símbolos a título individual, algo que debe respetarse. El crucifijo clavado en la pared del aula del colegio público y el crucifijo que cuelga del cuello del alumno del colegio público tienen un significado jurídico distinto.

La otra cara de la moneda, la del laicismo obtuso y recalcitrante, la tenemos en Suiza, donde el 57% de los electores ha votado contra la posibilidad de que las mezquitas del país incorporen un minarete en su estructura. El plebiscito, que fue promovido por la ultraderecha nacionalista helvética, ha levantado las alarmas en el resto de la clase política del país; y no sin razón, pues la imagen internacional de Suiza va a verse resentida como consecuencia de esta desafortunada decisión electoral. La misma Conferencia Episcopal ha lamentado el resultado de las urnas. El caso es que no hay ninguna razón para prohibir la edificación de los minaretes cuando se mantienen en pie los campanarios de las iglesias católicas y protestantes; en realidad, no hay ninguna razón para prohibir la construcción de minaretes comoquiera que ello no desbarata los derechos de nadie.